Buenos Aires, 21 ago (EFE).- La ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó este viernes la expulsión del país del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible y detenido el pasado 23 de abril en el país suramericano.
"Este delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar que lo mandaran de vuelta a su país", señaló Monteoliva en una publicación en la red social X, en la que agregó que, gracias a un decreto del presidente Javier Milei, el Gobierno rechazó esa solicitud.
"Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos", afirmó la ministra, quien añadió: "Argentina no es refugio de delincuentes".
El excontralmirante mexicano aterrizó este viernes a Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina y será internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
La institución señaló en redes sociales que Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue presentado ante un médico forense para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), "quedará a disposición de la autoridad judicial que lo requirió", precisó la Fiscalía mexicana.
El exmilitar, de 47 años, fue detenido el pasado 23 de abril en Buenos Aires, después de que la FGR solicitara una ficha roja de Interpol por su presunta participación en una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles.
La Justicia mexicana lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que México había solicitado formalmente su extradición el 21 de mayo.
Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.
La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas han detenido a otras 15 personas presuntamente relacionadas con la red investigada.
(c) Agencia EFE