BUENOS AIRES (AP) — Los hospitales públicos de Argentina comenzarán a cobrar sus prestaciones médicas a los extranjeros no residentes en el país, una medida que termina con la tradicional gratuidad universal de la salud y que, según el gobierno de Javier Milei, apunta contra los llamados tours sanitarios en el país sudamericano.
El Ministerio de Salud anunció la resolución para la atención de personas extranjeras en establecimientos sanitarios administrados por el Estado y que reglamenta las modificaciones introducidas por un decreto de 2025 a la Ley de Migraciones. La medida fue publicada el martes en el Boletín Oficial.
Al explicar su alcance, el portavoz presidencial Adrián Ravier indicó a periodistas que la "falta de orden invitó a que muchos oportunistas se aprovecharan de la hospitalidad que brindó este país durante las últimas décadas" con tratamientos gratuitos en hospitales, en lo que llamó "tours sanitarios".
"Mientras tanto, se les cobran aranceles o se les imponen limitaciones a los argentinos que solicitan atención en sistemas de salud extranjeros", agregó.
El vocero no especificó el número de inmigrantes sin residencia permanente que resultarían afectados. En Argentina viven algo más de 1,9 millones de personas de otros países, lo que representa el 4,2% de la población total, según el último censo de 2022, que no especifica la situación administrativa o migratoria de esos extranjeros. Los países con mayor peso en la población son Paraguay (27%) y Bolivia (17,5%).
Milei, quien viene aplicando un severo ajuste fiscal en distintas áreas como la salud y la educación para domar la inflación, dispuso en 2025 una reforma migratoria para terminar con la gratuidad de la salud pública para extranjeros que fue cuestionada por opositores.
Según el Ministerio de Salud, los extranjeros con residencia permanente podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, mientras que quienes carezcan de ese estatus deberán presentar un seguro de salud o pagar el costo de la prestación médica antes de su realización.
En caso de una emergencia —situaciones que impliquen un riesgo para la vida— la asistencia estará garantizada a todas las personas cualquiera sea su situación migratoria. Pero una vez superada esa emergencia los gastos médicos deberán ser pagados por el paciente.
Cuando el gobierno anunció a fines de 2024 nuevas políticas dirigidas a los inmigrantes resaltó el ejemplo de la provincia de Salta —en el norte de Argentina y limítrofe con Bolivia— que ese año había comenzado a cobrar prestaciones de salud a los extranjeros, en su mayoría bolivianos.
También lo han hecho Mendoza y Santa Cruz —fronterizas con Chile— Jujuy, que colinda con territorio chileno y con Bolivia.
El gobierno del populoso distrito de Buenos Aires —gobernado por uno de los dirigentes peronistas más contrarios a Milei— rechazó entonces esa política sanitaria y dijo que seguiría preservando la gratuidad de la atención médica a los extranjeros no residentes en los hospitales públicos provinciales.
Después de la medida anunciada el martes, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que el sistema de salud está sobrecargado por la falta de recursos y presupuesto, y no debido a los extranjeros.
Milei anunció el año pasado el endurecimiento de las políticas migratorias. El mandatario es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado políticas de mano dura con los inmigrantes.