Por el corresponsal de RFI en Buenos Aires
En los últimos 20 meses, la morosidad en el sistema financiero ha crecido de manera acelerada y alarmante, hasta el punto de que, esta semana, se ha materializado en protestas populares.
El problema afecta a casi 21 millones de argentinos, lo que equivale al 95 % de la población económicamente activa. De ellos, seis millones están en mora, lo que equivale al 30 %, y la mitad de estos se considera "incobrable".
Dentro del sistema financiero, el 26,1 % son morosos, lo que representa el 17,5 % de todos los préstamos, una cifra que se ha multiplicado por siete con respecto a la de hace dos años. Para tener una idea de la magnitud del problema, en octubre de 2024, la morosidad era del 2,5 % de todos los préstamos.
Los argentinos deben dinero a los bancos, a las billeteras digitales, a las tarjetas de crédito, a los sistemas de crédito de los supermercados y a los prestamistas del barrio.
Los préstamos se destinaron a gastos básicos como comprar comida, pagar la luz, el gas y el agua. Son montos relativamente bajos, pero que se han vuelto imposibles de pagar debido a una combinación explosiva de recortes salariales, pérdida del empleo, aumento del costo de vida y tasas de interés estratosféricas.
En el sector bancario, las tasas de interés oscilan entre el 55 % y el 172 %, mientras que en las billeteras digitales llegan al 260 %, pero hay costos financieros ocultos que elevan las tasas al 400 %, 700 % e incluso al 1.375 %. La principal responsable de estas tasas de interés exorbitantes es la empresa argentina de tecnología financiera MercadoPago, que también opera en Brasil.
En estas billeteras digitales, con tasas consideradas excesivas, la morosidad es del 31,5 %. En los sistemas de crédito de los supermercados, alcanza el 50 %. Todas estas cifras corresponden a créditos a personas físicas.
Cuando se incluyen los créditos a empresas, la morosidad de todo el sector privado es del 7,6 % del total, lo que convierte a Argentina en el país con más morosos de América Latina. A modo de comparación, Brasil tiene un 3,9 %, una cifra alta, pero menos de la mitad de la de Argentina, según el Banco Mundial.
Estas cifras revelan la desesperación de la gente, la preocupación del sistema bancario, la imposibilidad de reactivar el consumo en Argentina y las tasas abusivas de los bancos y las carteras digitales.
Por eso, este viernes , a las 15 horas se lleva a cabo una protesta ante la empresa MercadoLibre en la ciudad de La Matanza, en las afueras de Buenos Aires. La empresa también financia sus ventas con comisiones como las de MercadoPago.
La manifestación ha sido convocada por organizaciones políticas y movimientos sociales que acusan a la empresa de practicar la usura. El Partido Obrero ya ha presentado denuncias judiciales contra estas empresas.
"Presentamos una denuncia penal por un posible delito de usura. La propia empresa informa de comisiones con un costo financiero total de hasta el 1,375.94 % anual. Estamos hablando de un mecanismo de endeudamiento que puede confiscar los ingresos de los trabajadores y las familias que recurren al crédito porque el salario no es suficiente", explicó el dirigente Gabriel Solano, autor de la denuncia.
Mercado Libre y MercadoPago son empresas argentinas que operan en toda América Latina. Su dueño es Marcos Galperín, quien se ha convertido en el rostro del problema al cobrar tasas anuales más de 40 veces superiores a la inflación del país, la cual, aunque es alta, acumula un 33,8 % en los últimos doce meses.
Este jueves, centrales sindicales y movimientos sociales se dirigieron a la Plaza de Mayo para presionar al gobierno a fin de que encuentre una solución. La protesta también fue contra el plan económico del presidente Javier Milei, al que señalaron como el origen del problema.
El objetivo inicial de la manifestación era el Ministerio de Economía, junto a la Casa Rosada, pero el gobierno colocó barreras para impedir la protesta.
El miércoles, el colectivo político Libres del Sur se dirigió a MercadoPago para denunciar a la empresa líder en billeteras digitales y a su dueño.
En la protesta en la Plaza de Mayo, Silvia Amarilla, de 46 años, empleada doméstica desempleada, convocada por Libres del Sur, explicó a RFI que la familia depende del bajo salario de su esposo, un trabajador informal.
"Antes de que el presidente Milei asumiera el cargo, podíamos renovar la casa, podíamos comer, podíamos comprar ropa y nos sobraba para comprar un pancho (perrito caliente) para mis hijos. No sobraba mucho, pero llegábamos a fin de mes. Ahora, los ingresos solo alcanzan hasta el día 12 de cada mes. Nuestros tres hijos menores de edad no entienden qué es una deuda. Preguntan qué hay para comer y, por más que les expliquemos la situación, siguen teniendo hambre", describe Silvia.
Hace un año, Silvia pidió 200.000 pesos argentinos (unos 130 dólares) a MercadoPago. Ya pagó el equivalente al capital inicial, pero aún debe 400.000 pesos y acaba de entrar en mora al cumplir el tercer mes sin pagar el crédito. Los 200.000 pesos originales se han triplicado y la deuda sigue aumentando.
"Te da tristeza, enojo y mucha frustración porque vivís el día a día sin saber si vas a tener suficiente para comer al día siguiente", se lamenta.
"Eliminamos la cena, la higiene personal y la del hogar. Es desesperante perder cosas necesarias", se desahoga Silvia ante RFI.
Carolina Daniel, de 33 años, perdió su empleo en una cooperativa hace nueve meses, cuando comenzó a trabajar como empleada doméstica. Su esposo sigue trabajando, pero el ingreso no alcanza para cubrir los gastos hasta fin de mes.
"Para sobrevivir, abrimos un puesto de comida en la puerta de casa y compramos un carrito de panchos para vender en la plaza. Tenemos dos hijos. Tuvimos que endeudarnos para comprar alimentos y pagar la escuela de los niños", cuenta Carolina a RFI.
Hace un año, Carolina pidió un millón y medio de pesos, unos 1.000 dólares. Hoy debe tres millones y medio de pesos y está en mora. La deuda es con el Banco Patagonia, controlado por el Banco de Brasil en Argentina.
"Queremos pagar las deudas, que aumente el salario, que bajen las tarifas de luz, gas y agua, y que el presidente preste atención al bolsillo de los trabajadores y no a los negocios de los empresarios", pide.
Silvia y Carolina esperan que el gobierno ayude a refinanciar las deudas, ampliando los plazos y conteniendo las tasas de interés.
El gobierno se muestra insensible ante el problema que el propio presidente Javier Milei generó al liberalizar las tasas de interés, que ahora carecen de un tope. Los salarios de los funcionarios públicos y las pensiones se han visto mermados.
Los salarios del sector privado, en general, también se vieron superados por la inflación. El año pasado, para contener una carrera hacia el dólar, Milei subió las tasas de interés de referencia al 95 %, pero, antes, para incentivar el crédito, dijo que "lo peor del ajuste fiscal ya había pasado" y que "el futuro sería mejor".
Al enfrentarse al problema, Milei dijo que la morosidad es un "problema entre particulares" y que "nadie les puso una pistola en la cabeza (a los deudores) para que tomaran un crédito".
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que "la empatía no debe confundirse con la política pública" y que "las tasas de interés del 400 % o del 700 % son abusivas", pero "nada impide que se cobren". Es decir: el gobierno comenta la realidad como un mero espectador.
"Si el Estado sabe que millones de trabajadores están endeudados y que las carteras virtuales registran niveles de morosidad superiores a los de los bancos, no puede lavarse las manos, permitiendo que empresas como MercadoPago hagan un negocio extraordinario a costa de la necesidad de las familias", criticó Gabriel Solano.
Desde que Milei asumió en diciembre de 2023, los salarios registrados han perdido terreno frente a la inflación. En el caso del sector privado, el promedio es del 6,5 %, pero con pérdidas de hasta el 12,6 % en determinados sectores. Para los funcionarios públicos y los jubilados, las pérdidas fueron del 36,5 %.
Más del 20 % de los funcionarios públicos fueron despedidos por Milei. Son personas que se quedaron sin ingresos formales.
El "salario disponible", es decir, la cantidad que queda después de pagar las tarifas de servicios públicos, ha perdido un 20 % de su poder adquisitivo.
Las tarifas de servicios públicos representaban el 6 % de los salarios promedio; hoy en día, representan el 15 %.
Una encuesta de la consultora Zentrix indica que, para seis de cada diez argentinos, el salario se agota antes del día 20 de cada mes. El 61 % no llega más allá del día 20.
Otro 24,3 % no llega hasta el día 30, lo que suma más del 85 % de la población, una cifra que coincide con el número total de deudores del sistema.