El crecimiento ininterrumpido en la importación de pechuga de pollo deshuesada procedente de Brasil representa un riesgo para el empleo, la inversión privada y el desarrollo en las comunidades rurales del país, advirtió la Unión Nacional de Avicultores (UNA).
Según los registros de la Agencia Nacional de Aduanas de México, las compras al extranjero de este producto pasaron de 90,000 toneladas en 2022 a más de 196,000 toneladas al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 118% en un lapso de tres años.
Este volumen ha ejercido una presión continua sobre la viabilidad de la producción doméstica, y dado que, México no cuenta con un tratado de libre comercio con la nación sudamericana.
Estimaciones de la industria avícola señalan que entre agosto de 2025 y el 12 de agosto de 2026, el sector acumuló pérdidas superiores a 27,000 millones de pesos, dijo el presidente de la UNA, Lorenzo Martín, quien dijo que "la representación empresarial calcula que por cada 1,000 toneladas de pechuga deshuesada que ingresan al territorio nacional se dejan de criar cuatro millones de pollos y se frena la generación de 280 puestos de trabajo".
Añadió que bajo esa métrica, el flujo de importaciones desde 2022 ha impedido la creación de más de 40,700 empleos en el sector avícola mexicano, el cual sostiene actualmente a más de 886,000 familias de manera directa e indirecta.
El organismo empresarial expuso que la exención arancelaria otorgada a estas importaciones desde 2022 no cumplió con el objetivo original de reducir los precios finales al consumidor. "Cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la propia autoridad aduanera muestran que los beneficios de la apertura comercial se concentraron en los intermediarios y comercializadores, mientras que el consumidor continuó pagando precios elevados y el productor nacional absorbió el margen de ajuste", destacó.
A esta coyuntura se suma la determinación tomada por la Unión Europea el pasado 12 de mayo, mediante la cual excluyó a Brasil de la lista de países autorizados para exportar carne de ave a su mercado debido al incumplimiento de normativas sobre el uso de antimicrobianos en animales de producción. "La medida continental entrará en vigor el 3 de septiembre, por lo que la representación avícola proyecta que una parte del volumen rechazado por el mercado europeo podría ser reorientado hacia el mercado mexicano", indicó el presidente de la UNA.
Frente a las asimetrías de competitividad con los productores brasileños, quienes disponen de acceso directo a agua, tierra y granos forrajeros a diferencia de la industria local que liquida sus insumos en dólares, la organización solicitó formalmente la intervención del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum. La petición concreta consiste en eliminar la exención arancelaria a las compras brasileñas de pechuga deshuesada y sustituirla por un esquema de cupos de importación.
La directiva de la organización precisó que la propuesta no busca el cierre de fronteras ni el cese del comercio exterior, sino el establecimiento de reglas transparentes para que el producto importado funcione como un complemento del abastecimiento nacional y no como un factor de desplazamiento de la planta productiva local.
La resolución de este entorno regulatorio resulta determinante para los planes del sector hacia el periodo 2026 a 2030, lapso en el que se contemplan inversiones por 3,500 millones de dólares orientadas a infraestructura, innovación tecnológica y comercialización, con la capacidad de generar 18,000 empleos directos e impulsar las metas de producción de alimentos establecidas en los programas oficiales de desarrollo.