El Gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, ingresó este lunes (17.08.2026) al Senado una reforma constitucional de seguridad que contempla un nuevo estado de excepción para enfrentar el crimen organizado y que fue tramitada con suma urgencia.
La iniciativa contiene medidas para reforzar las herramientas del Estado en materia de prevención, persecución del delito y resguardo del orden público, dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y plantea ocho modificaciones a la Carta Fundamental (Constitución) que deberán ser discutidas en un plazo de 15 días.
La creación del nuevo estado de excepción estipula que el mandatario podrá decretarlo ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada y extenderlo por hasta 120 días, con la facultad de prorrogarla una vez por igual período. Su posterior extensión requiere de la decisión del Congreso.
Su ejecución establece que las zonas sobre las que se aplique quedan bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Jefe de Estado.
Durante su vigencia, el Ejecutivo podrá suspender o restringir la libertad personal y de desplazamiento y los derechos de reunión y asociación, además de interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
Actualmente, el estado de excepción, renovado de forma ininterrumpida por el Congreso en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío desde 2022 debido a reiterados episodios de violencia, es una figura que permite desplegar a los militares para el control del orden público, con más dotación y poderes para las Fuerzas Armadas.
La reforma contempla inhabilidades y restricciones de derechos para las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo, que se determinarán en una ley de quórum calificado.
En ese sentido, los condenados por estos delitos quedarán vetados a perpetuidad para ejercer cargos públicos y no podrán acceder durante 15 años a penas sustitutivas de privación de libertad ni a beneficios penitenciarios, además de limitar acceso a prestaciones financiadas con recursos públicos.
El proyecto le da rango constitucional a la posibilidad de crear registros de organizaciones criminales, cuya regulación específica quedará determinada en una ley posterior.
El presidente de la República, en tanto, quedará facultado para declarar que determinada agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado, pero requerirá de un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional que respalde dicha calificación y la declaración será votada en el Senado, en sesión secreta, y su aprobación requiere dos tercios del quorum.
A diferencia de países vecinos como Bolivia o Perú, Chile no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.
Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en el país suramericano a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
mg (efe, La Tercera)