El nuevo gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, empezó el pasado viernes su andadura con una agenda cargada de objetivos por conseguir que, de momento, se han visto eclipsados por el terremoto sucedido ayer (10.08) y que ha causado más de un centenar de muertos.
El suceso ha provocado la mirada se dirija a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que estuvo en la mira durante el gobierno pasado de Gustavo Petro por el "gran escándalo de corrupción en donde se robaron parte de la plata que iba a resolver desastres ambientales", recuerda a DW Daniel Gutiérrez, fundador de la ONG Shambala.
"Es una enorme tristeza que esa oficina, en un caso como el de Colombia, un país con altísima vulnerabilidad a los riesgos de desastres naturales, haya sido dejada en las peores manos y que nunca se haya logrado darle un viraje y poner esa Unidad bajo un manejo técnico y transparente", lamenta a DW Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
"El gran daño de los robos que se dieron inicialmente fue un impacto brutal que obviamente se está notando", agrega Botero recalcando que "estamos enfrentándonos a un fenómeno del Niño y nuestra incapacidad para la atención de riesgos y desastres se pronunció mucho más ahora".
Además de la corrupción de esta institución, según estos expertos, el avance la minería ilegal y la falta de control del territorio son otras cuestiones pendientes que ha dejado el gobierno saliente. "La deforestación está siendo decidida principalmente por actores armados", critica Gutiérrez reconociendo que, aunque esta se redujo significativamente, "no lo suficiente como debería ser".
"Me parece un despropósito estar reivindicando la disminución de la deforestación cuando es una manifestación de pérdida de gubernamentalidad", coincide el director de FCDS apuntando que "la falta de intervención de control de la Fuerza Pública particularmente, para evitar la entrada de maquinaria pesada de grandes dimensiones en las zonas de mayor deforestación, fue fatal".
Lucha contra la deforestación. Para el director de FCDS, "el haber tomado la decisión de mantener la condición de uso del suelo de la reserva forestal de la Amazonia sin quitarle el carácter jurídico del uso forestal implicó sacar millones de hectáreas del mercado de tierras".Juancho Torres/AA/picture alliance
A ello se le une, según Botero, "la movilidad y entrada de insumos y personal por todas las fronteras terrestres del país, dedicadas a la minería ilegal, sin ningún tipo de control". En este sentido, este conocedor de las dinámicas de la Amazonía colombiana, recuerda que "hay más de 10 millones de hectáreas totalmente en la deriva, llevamos casi nueve años con 14 parques nacionales sin presencia de funcionarios porque fueron sido evacuados por amenazas de muerte y vandalización de las sedes de los grupos armados".
Aunque no es una problemática nueva, se trata de una de las grandes cuestiones pendientes que deja el gobierno de Petro, que en la recta final también encaró el fracking. "Teniendo la posibilidad de llevar la ley de prohibición del fracking, que es ahora lo que le da la vía libre al gobierno entrante de llevarla a cabo, no se hizo", lamenta a DW Francisco Javier Vera Manzanares, fundador del movimiento ambiental 'Guardianes por la Vida'.
"Se tramitó la ley que nunca llegó al debate", critica este joven colombiano defensor de los derechos humanos y activista por el clima, la justicia climática y la paz. "Creo que se pudo haber puesto mayor presión y obstaculizar un poco más el camino hacia la reactivación de la economía fósil en nuestro país", añade.
En esta ruta hacia la transición energética destaca, según Gutiérrez, la limitación de contratos de industrias extractivas y la diversificación de fuentes de ingresos de la economía. "No firmó nuevos contratos de exploración y la economía fósil dejó de ser tan relevante", considera el fundador de la ONG Shambala.
Además de la COP16, organizada en Cali (foto), Colombia también albergó una pionera iniciativa. "Fue muy exitoso en posicionar a Colombia a nivel mundial, con la Primera conferencia de transición más allá de combustibles fósiles", asegura Gutiérrez recalcado que se trata de "algo totalmente histórico para el multilateralismo climático".Joaquin Sarmiento/AFP/Getty Images
En este sentido, los especialistas consultados por DW coinciden en el papel que ha desempeñado el gobierno colombiano fuera de sus fronteras para propulsar este cambio. "En la Cumbre Más Allá de los Fósiles en Santa Marta, junto a más de 57 países, se abrió el debate sobre la demanda, los subsidios y la cooperación para la transición energética, así como en la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración ni licenciamiento para hidrocarburos y minería a gran escala, visibilizando la urgencia de diversificar la economía y atender los costosos pasivos socioambientales de los cierres minero-energéticos", explica a DW Santiago Aldana, experto en políticas ambientales y climáticas.
Para Vera se "creó un espacio de diálogo simultáneo". "También se mantuvo la COP16 Cali, donde hubo avances significativos, sobre todo en el reconocimiento del papel de las comunidades afrodescendientes, indígenas y demás, y de manera general tuvo un rol importante en el fortalecimiento del multilateralismo", agrega el fundador del movimiento ambiental 'Guardianes por la Vida'.
Asimismo, aunque el joven activista destaca el papel del gobierno colombiano en la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobra la emergencia climática y los derechos humanos, lamenta que "en Colombia hubo una política completamente carente de la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los niños, las niñas y los adolescentes, y nosotros como Guardianes por la Vida y muchas otras organizaciones de derechos humanos en el territorio lo sabemos, lo hemos vivido, lo continuamos viviendo".
El gobierno de Petro aprueba el Acuerdo de Escazú aprobó que tiene como objetivo proteger a los defensores del medio ambiente, no obstante, la cifra de asesinatos y amenazas que sufren no se reduce.FCDS
Según Aldana, durante el mandato de Petro se ha llevado a cabo una "democratización territorial". "Se impulsaron marcos normativos y políticas públicas que otorgaron rango prioritario a la gestión comunitaria de bienes comunes esenciales como el agua, la agroecología y la energía", argumenta, apuntando a que la apertura de espacios participativos ha dado pie a mecanismos de financiación directa como el Fondo para la Vida, destinado a incentivar la economía popular y las estrategias comunitarias de conservación.
En este ámbito, Botero destaca que la inclusión del plan de desarrollo al darle marco jurídico a las concesiones forestales campesinas o comunitarias "cambia la perspectiva a Colombia frente a la posibilidad de hacer uso sostenible de los bosques naturales en pie".
Por ello, el experto en políticas ambientales y climáticas considera que "el legado ambiental del gobierno de Gustavo Petro no debe medirse únicamente en términos de metas técnicas de conservación, sino en la transformación estructural de la relación entre el Estado, la naturaleza, la economía y la ciudadanía". "Su gestión marca un hito al desplazar las miradas corporativas y tecnocráticas tradicionales para posicionar a las comunidades en el centro de la gestión y la preservación ambiental", concluye.
(el)